La jubilación ¿derecho individual o colectivo? Apuntes para el debate
es un texto de Nekane Jurado, miembro de la RED VASCA ROJA, fechado el 27 de junio de 2003 y presentado en nombre de ELKARTZEN en el I Foro Social de Euskal Herria.

2. LAS ETAPAS DE UNA OFENSIVA

Tras la crisis económica de 1973 el capital empezó a poner en cuestión el Pacto social del Estado del Bienestar, con una mayor valoración al mercado que a lo social. Así a partir de la década de los 70 los Estados español y francés van puniendo en práctica una serie de medidas sucesivas encaminadas todas ellas a un retorno de la situación anterior al pacto social de 1945. La caída de la URSS, con la desaparición de la división de bloques, propicia que en Maastrich, se sienten en un nuevo tratado los pilares para la abolición de dicho Estado del Bienestar. (2)

Iparralde, en esta nueva etapa comienza a sufrir las primeras medidas económicas "de reajuste" en 1967, de las que derivan importantes aumentos en las cotizaciones. Desde esta fecha y hasta finales de los años 80, el gobierno francés va presentando sucesivos planes, todos bajo el pretexto del déficit.

El gobierno de Rocard realiza un libro blanco sobre las pensiones y propone la creación de "los fondos de pensiones".

La Reforma Balladur de 1993 pone en práctica las propuestas del gobierno Rocard bajo el pretexto de la crisis económica y de las evoluciones demográficas negativas.

En otoño de 1995 Juppé, bajo el pretexto de "justicia social" -ya que el de crisis económica no era válido al estar en años de expansión- prevé alargar el periodo de cotizaciones de los trabajadores del sector público. Este plan se aparcó por el gran movimiento de huelgas y manifestaciones que había conocido Francia desde 1968. Pero a pesar de este "aparcamiento" en la parte pública, las pensiones complementarias (ARRCO y AGIRC) comenzaron a bajar como consecuencia de un reajuste del llamado valor del punto y de las tasas de rendimientos financieros.

En 1997, Jospin, encargó a Charpin un enésimo informe sobre las jubilaciones. Este informe se desarrolla en una línea totalmente catastrofita de crisis demográfica, lo que lleva a concluir que esta falta de cotizantes hará aumentar el déficit de las pensiones por lo cual es necesario aumentar los años de cotización de los trabajadores, o lo que es lo mismo retrasar la edad de jubilación. Así mismo se recomiendan los fondos de pensiones.

La Cumbre Europea celebrada en Barcelona en marzo de 2002, acuerda de forma unánime (así parece que ningún país es responsables de sus propios actos económicos) el alargamiento de la duración efectiva de las cotizaciones de jubilación en 5 años, que deberán de ser puestas en práctica progresivamente.

Con este nuevo "mandato de la cumbre de Barcelona" el Gobierno actual, como los precedentes, clama "el necesario reajuste entre los público y lo privado" y habla de aumentar la capitalización individual. Raffarin, con los medios de comunicación a su favor lanza mensajes catastrofistas que avalan "que una profunda reforma es necesaria"

Al igual que Iparralde, Hegoalde no tiene las más mínimas competencias ni de legislación ni de gestión en materia de Seguridad Social.

A lo largo de los últimos años también en el estado español se han publicado varios estudios destinados a analizar la situación financiera de las pensiones contributivas en España como respuesta a las mismas causas arriba señaladas, y que no son otras que un abandono progresivo del sector público.

En el Estado español partimos de una Ley de "Seguridad Social", con unas connotaciones muy especiales ya que la Ley General de SS de 1966 es una mosaico donde se recogían todos los seguros públicos diseminados que habían ido desarrollándose durante el franquismo, muchos de ellos inconexos nacidos más por estrategias de grupos económicos sectoriales o de oportunidad política que como un verdadero sistema integrado de protección social. Así los llamados Regimenes especiales, con sus fuertes diferencias de cotización y prestaciones, o las Mutuas Patronales responden a una época política anterior que ha pervivido. Desde el inicio esta Ley de SS fue cuestionada y tiene sus primeras grandes revisiones en 1972 y 1974. Tras la muerte de Franco, se espera hasta tener "consolidada la pax social" para introducir la primera gran reforma. Es el PSOE, sentado en su mayoría absoluta; el que con la Ley 26/1985 introdujo un recorte importante de derechos al aumentar el número de años mínimo de cotización para generar derechos también mínimos (se pasa de 10 a 15 años de cotización mínima), y aumentar el periodo en el que se tenían en cuenta los salarios (de la media de los últimos 2 años se pasó a 8, el pacto de Toledo propuso un aumento gradual y que sea la media salarial de toda la vida laboral, actualmente está en la media de los últimos 15 años, y se seguirá aumentando hasta la totalidad propuesta). Junto a este ajuste financiero, a partir de esta ley se van a ir construyendo las condiciones ideológicas y los instrumentos legales e institucionales para favorecer los sistemas complementarios privados de pensiones.

Junto a esta primera gran reforma se abría la puerta a los Planes y Fondos de Pensiones (LFPP), los que fueron regulados por Ley en 1987 de competencia exclusivamente estatal. En Hegoalde se mantuvo la competencia en materia de Previsión Social Voluntaria (sistema de capitalización individual), competencia en la que se han centrado los poderes autonómicos, olvidando la reivindicación de la seguridad social.

Desde el desarrollo de la LFPP, los poderes económicos-financieros, han estado fabulando, como el cuento de la lechera, con las posibilidades de utilización de un dinero barato y depositado a muy largo plazo (más de 30 años), así además de luchar por las cuotas de mercado entre ellos, con la connivencia del sector público han entrado a desgajar del Sistema Público los mayores trozos posibles para ser gestionados privadamente. Para ello han proliferado los estudios que demuestran "la crisis del sistema público".

Podemos citar como principales estudios publicados en el estado español (muchos no por su aporte real, sino por el logro del fin al que han servido), estudios con procedencia de ámbitos distintos tales como la propia administración del sistema de pensiones (MTSS, 1995), consultores (Inverco, 1996 y Piñera y Weinstein, 1996) o centros académicos y de investigación (Herce y Pérez Díaz, 1995, Herce y otros, 1996, Barea y González-Paramo, 1996, Carpio y Domingo, 1996). Casi todos ellos tienen un fin común: demostrar las dificultades futuras de los sistemas de pensiones contributivas y plantear diversas soluciones sobre la base de sus propias predicciones. Soluciones todas ellas encaminadas a un aumento del tiempo efectivo de cotización y una potencialización de los Fondos de Pensiones, de capitalización individual.

Destacamos el estudio de Piñeira, licenciado en Hawward, artífice de la privatización total del sistema público de pensiones en la Chile de Pinochet, y que se paseó por Europa en la década de los 90 vendiendo su modelo y el "milagro" de la privatización chilena (se desmanteló totalmente el sistema de reparto público que fue sustituido al 100% por el de capitalización individual). Hoy en día los Fondos de pensiones chilenos han sido arrastrados por el desinfle de la burbuja financiera, y un numero importante de pensionistas de este país ha quedado totalmente desprotegido.

En todo caso para comprender mejor los análisis de Los expertos aclaramos que estos suelen estar ligados a entidades financieras. En el Estado español tres son los grupos de pensamiento que defienden la necesidad de un sistema Mixto (entiéndase de paso inexorable hacia la privatización): dos fundaciones pertenecientes a entidades financieras (el BBVA y la Caixa-FEDEA) y una institución empresarial (El Círculo de Empresarios). Básicamente tres son los argumentos que sostienen estos grupos de importante influencia académica y política: en primer lugar, la base de partida son las perspectivas demográficas de la población española en el año 2050, en la que se daría un deterioro radical de la relación entre contribuyentes y pensionistas que incrementaría hasta niveles muy elevados el gasto en pensiones (15% del PIB) y el déficit de la Seguridad Social (5,96% del PIB en el citado año); en segundo lugar, la opción del paso inmediato a un sistema privado sería rechazada políticamente por la sociedad española y el coste económico de transición muy elevado (2.5 el PIB); y en tercer lugar, habría de adoptarse un sistema de pensiones mixto (en la línea de los existentes en el Reino Unido, Suiza, Holanda, Irlanda, Dinamarca y Suecia), es decir, un sistema de tres ejes: pensión mínima asistencial; planes de pensiones obligatorios profesionales de capitalización hasta al menos el 50% del salario, el resto voluntario o de reparto; y un tercer nivel de planes de pensiones individuales libres.

Esta realidad hace necesario, por tanto, un largo proceso de transición hacia un sistema mixto de capitalización y de reparto. Ahora bien, como debe ser tal sistema mixto es el objeto del debate, ya que para una parte de los expertos se trata de mantener el sistema actual hasta lograr la máxima adecuación entre contribuciones y pensiones, mientras que para otra parte se trata de establecer un sistema mixto en el que la parte de reparto estaría en la Seguridad Social pero no la de capitalización; finalmente, para los representantes de las empresas de seguros, el modelo mixto es solamente una transición que debe abocar a un sistema claramente privado, manteniendo eso sí, las pensiones asistenciales del Estado para los que no han desarrollado carreras de seguro completas.

En todo caso no hay que olvidar que las proyecciones realizadas por los expertos siempre son tentativas cuando no erróneas. Piénsese, por ejemplo que, la Fundación BBVA cifraba el déficit de la Seguridad Social para el año 2000 en el 1,65% del PIB y la Fundación Fedea-Fundación la Caixa en el 2,7% del PIB para ese mismo año. Previsiones que no se han cumplido ya que desde 1999 la Seguridad Social está generando superávit con los que se está constituyendo el Fondo de Reserva de Pensiones.

Simultáneamente, a la creación de un "estado de opinión favorable" perseguido con estos estudios, el proceso político español ha producido un "debate virtual" que culminó con el llamado Pacto de Toledo, suscrito por los grupos parlamentarios de PP, PSOE, PNV, CIU y Coalición Canaria, en abril de 1995. Para su desarrollo se produjo el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos UGT Y CCOO, firmado el 9 de octubre de 1996, culminando este proceso con la aprobación de la Ley 24/1997 de 15 de julio de "Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social" cuyo contenido muestra la adopción gradual de medidas concretas para aumentar hasta 40 años el periodo de cotización, incluyendo en el cálculo de la pensión los salarios medios de toda la vida laboral, no la de los últimos años, lo que supone una reducción efectiva considerable de la pensión real.

El Pacto de Toledo supone la legitimización de las políticas de ajuste realizadas entre 1985 y 1997 que según los argumentos de unos (sindicatos y PSOE) van dirigidas a hacer viable financieramente el sistema público de reparto mediante medidas de mayor proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones; mientras que para otros (empresariado y PP) se trata de reformas temporales que deben abocar en el futuro de manera inevitable a sistemas privados. En esta línea podemos citar los discursos del ministro de trabajo Zaplana en las que afirma que "el "Estado del Bienestar" es un concepto y una realización del pasado, que no tiene viabilidad en estos tiempos, y que ha de sufrir una transformación necesaria hacia la configuración de una "Sociedad del bienestar" que es la única vía que el sistema socio-económico actual tiene abierta para que los ciudadanos accedan a un cierto nivel de protección de su bienestar". Para aclarar en que consiste este nuevo concepto de la "Sociedad del bienestar" el ministro explica que se trata de que la "sociedad civil" asume su responsabilidad y se dote a sí misma de los mecanismos de administración, gestión y control de su propio sistema de protección; sólo así- según Zaplana- habrá bienestar y protección en España, en un futuro inmediato. (3)

En estos momentos, a junio de 2003, la comisión de seguimiento de este Pacto está trabajando para seguir profundizando en la línea de sus "recomendaciones". Existiendo un compromiso del gobierno de Aznar de sacar un nuevo paquete de medidas dentro de la actual legislatura.

(3) Estas declaraciones usuales en las comparecencias públicas de Zaplana, quedan bien recogidas en El País 19-11-2002

3. PUNTOS ABIERTOS PARA UN DEBATE